Dia de los Humedales, buenas noticias, (Hablamos de derribos)

Urbanismo derribará quince viviendas en la reserva natural de El Barranco

El diseminado ilegal está compuesto actualmente por 33 edificaciones ilegales El resto de propietarios recibirá la notificación en las próximas semanas

17.01.08 -IVÁN BERNAL

Las promesas del equipo de Gobierno portuense de aplicar mano dura en relación a los desmanes urbanísticos del municipio no están cayendo en saco roto. La teniente de alcalde de Urbanismo, Patricia Ybarra, ha denunciado administrativamente a quince vecinos de la zona de El Barranco para proceder al derribo de sus viviendas. En total, hay construidas 33 edificaciones en el citado espacio y está previsto que todos los propietarios de la zona reciban las notificaciones de denuncia en las próximas semanas. Este diseminado de edificaciones ilegales se encuentra dentro de un complejo endorreico, denominado Las Lagunas. La Juncosa, la Salada y Terry conforman un paraje considerado de alto valor ecológico. A finales de la década de los ochenta fue catalogado como reserva natural por lo que posee la máxima protección ambiental. Así, las viviendas denunciadas están ubicadas en una zona natural de máxima protección y el delito urbanístico de construir una edificación sobre suelo no urbanizable no prescribe a los cuatro años como ocurre en el resto de los casos. Tras la denuncia que realizó el pasado año la asociación de Ecologistas en Acción, contra los responsables urbanísticos del anterior equipo de Gobierno «por la permisividad ante la proliferación de viviendas ilegales en esta reserva», al actual Gobierno local no le ha quedado más remedio que aplicar la ley. Por tanto, la responsable en materia urbanística del municipio ha denunciado administrativamente a estas quince familias para que procedan al derribo de sus viviendas. El presidente de la Federación de Viviendas al Margen del Planeamiento (Fevema), Jesús Caro, es uno de los afectados por estas denuncias. De hecho, el pasado martes, Caro estuvo en el departamento de la Policía Autonómica de Cádiz para aportar información sobre los nombres de los propietarios de los inmuebles. «No tienen derecho a realizar este tipo de actos, ya que mi vivienda fue construida en el año 86. Como pueden decirme que se va a ejecutar una orden de derribo veinte años después de haberla construido», subrayó Caro. En este sentido, el presidente explicó que «tengo todas las escrituras que muestran la antigüedad que posee el inmueble». Estas construcciones son viviendas de segunda residencia, ya que al no contar con luz ni agua, la habitabilidad es casi nula. Por su parte, la edil de Urbanismo ha subrayado que «aplicaremos una serie de multas coercitivas para forzar los derribos. En último extremo, estas demoliciones se realizarán de forma subsidiaria por el Ayuntamiento, y posteriormente, se enviara la factura al propietario de la infracción urbanística», adelantó la edil. elpuerto@lavozdigital.es